EE.UU. envía a El Salvador a otros 17 supuestos pandilleros en plena disputa legal sobre la Ley de Enemigos Extranjeros El Gobierno de Trump ha pedido a la Corte Suprema que permita la expulsión acelerada de extranjeros bajo esa ley del siglo XVIII,
luego de que un juez federal bloqueara su uso y dijera que los inmigrantes tienen derecho a defender sus casos en corte. El Gobierno de Donald Trump dijo este lunes que expulsó a otros 17 inmigrantes a El Salvador ―
a quienes acusa de pertenecer a pandillas sin aportar pruebas― mientras la Administración republicana libra una batalla legal por el bloqueo de un juez federal a las deportaciones aceleradas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el Ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluidos asesinos y violadores”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, hizo eco de las declaraciones de Rubio, afirmando que los 17 deportados incluyen a seis presuntos violadores de niños. Bukele tampoco ofreció pruebas. El envío de este nuevo grupo de inmigrantes a.
El Salvador se produce mientras varios tribunales de Estados Unidos le han ordenado al Gobierno de Trump suspender las expulsiones aceleradas, citando que los afectados tienen derecho de defenderse en un tribunal de las acusaciones de supuesta afiliación a pandillas.
La mayoría de las personas que han sido enviadas a esa prisión salvadoreña en las últimas semanas son venezolanos. Familiares de deportados a la megacárcel salvadoreña CECOT han dicho a Noticias Telemundo en días recientes que sus seres queridos en esa prisión de alta seguridad no pertenecen a ningún grupo criminal.
La familia de un futbolista venezolano que pidió asilo en Estados Unidos, por ejemplo, asegura que fue deportado a El Salvador por un tatuaje alusivo al Real Madrid. Un juez federal bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones aceleradas este mes, el mismo día en que el Gobierno de Trump envió dos vuelos con más de 200 venezolanos a la prisión de El Salvador.
Esta semana, la Administración republicana pidió a la Corte Suprema que levante el bloqueo del juez y le permita usar esta norma para las deportaciones. La Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, puede invocarse cuando hay una invasión armada o militar.
El Gobierno de Trump asegura que la llegada de personas inmigrantes que supuestamente son parte de pandillas califica como “invasión”. Varios jueces discrepan, diciendo que la ley se está queriendo usar “fuera del contexto típico de guerra”
y que el debido proceso legal para deportar a las personas es que acudan ante un tribunal donde se determine si realmente son culpables de lo que se les acusa. La Administración Trump ha respondido a las órdenes judiciales criticando a los jueces y a los tribunales,
con funcionarios que han asegurado que el sistema judicial se está supuestamente extralimitando pese a que así en teoría funcionan los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense. El Gobierno de Trump se ha rehusado a dar más detalles sobre estas deportaciones.
“Los demandantes nombrados rechazan ser miembros del Tren de Aragua y no pueden ser deportados hasta que un tribunal haya podido decidir sobre el fondo de su impugnación”,
ha dicho el juez James Boasberg, advirtiendo que las personas deportadas al CECOT se enfrentan a posibles “torturas, golpizas, e incluso la muerte”.
