Trump firma una orden ejecutiva para combatir la reventa de boletos y reformar la industria de los espectáculos en vivo El documento ordena a la Comisión Federal de Comercio que garantice que las leyes de competencia se apliquen en el sector de los conciertos y ocio.
El presidente, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que, según él, ayudará a frenar la reventa de entradas y a introducir cambios “de sentido común” en la forma en que se fijan los precios de los espectáculos en directo. Diseñada para poner fin a los “precios abusivos de los intermediarios”, la orden ordena a la fiscal general,
Pam Bondi, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que se aseguren de que los revendedores que ofrezcan entradas a precios superiores a su valor nominal cumplan todas las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés), según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca.
También ordena a la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) que garantice “la transparencia de los precios en todas las etapas del proceso de compra de entradas” y que “tome medidas coercitivas para evitar conductas desleales,
engañosas y contrarias a la competencia en el mercado secundario de venta de entradas”, lo que, según la Administración Trump, puede restaurar la sensatez y el orden en el mercado de las entradas. “La industria de conciertos en vivo y entretenimiento de Estados Unidos tiene un impacto económico total a nivel nacional de 132.6 mil millones de dólares y mantiene 913,000 empleos”,
se pudo leer en la hoja informativa. “Pero se ha visto asolada por intermediarios sin escrúpulos que imponen tarifas atroces a los aficionados sin beneficio alguno para los artistas”. Esta iniciativa supone un raro ejemplo de cruce de políticas con la Administración del expresidente Joe Biden,
que recurrió a la FTC para combatir las “comisiones basura”, o gravámenes añadidos al final del proceso de compra que pueden ocultar el precio total de cosas como entradas de conciertos, habitaciones de hotel y facturas de servicios públicos. Bajo el mandato de Biden, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) también demandó el año pasado a Ticketmaster y a su empresa matriz,
Live Nation Entertainment. Las acusó de ejercer un monopolio ilegal sobre los eventos en directo y pidió a un tribunal que acabara con el sistema que aplasta la competencia y eleva los precios para los aficionados. Estas empresas tienen un historial de enfrentamientos con grandes artistas, como Bruce Springsteen y Taylor Swift,
cuya gira de estadios del verano de 2022 estuvo plagada de dificultades para conseguir entradas. La estrella de música country Zach Bryan incluso lanzó un álbum para 2022 titulado All My Homies Hate Ticketmaster. Un representante de Bryan afirmó que no tenía “nada que añadir” cuando se le pidió que comentara la acción ejecutiva del lunes.
El Gobierno de Biden utilizó este tipo de iniciativas como una forma de proteger a los consumidores del aumento de unos precios que ya estaban inflados. Trump, por su parte, hizo campaña para combatir los altos precios de las entradas, calificándolos de “muy desafortunados”.
“Los revendedores de entradas utilizan bots y otros medios desleales para adquirir grandes cantidades de entradas de valor nominal y luego revenderlas con un enorme margen de beneficio en el mercado secundario, estafando a los consumidores y
privando a los fans de la oportunidad de ver a sus artistas favoritos sin incurrir en gastos extraordinarios”, decía la hoja informativa de la Casa Blanca, añadiendo: “Según algunos informes, los fans han pagado hasta 70 veces el valor nominal del precio de una entrada para obtener una entrada”.
También señalaba que los precios más altos no significan beneficios adicionales para los artistas, sino que van “exclusivamente al revendedor y a la agencia de venta de entradas”. La orden de Trump también ordena a los funcionarios federales y a la.
FTC que entreguen un informe en seis meses “resumiendo las acciones tomadas para abordar la cuestión de las prácticas desleales en la industria de conciertos en vivo y entretenimiento y recomendar regulaciones o legislación adicionales necesarias para proteger a los consumidores en esta industria”.
