La fiscal general pide que la Corte Suprema se involucre en la disputa con el juez sobre la Ley de Enemigos Extranjeros Pam Bondi arremetió contra un magistrado que exigió al Gobierno rendir cuentas sobre si ignoró a sabiendas una orden judicial contra los vuelos de deportación a El Salvador.
ASHINGTON — La fiscal general, Pam Bondi, arremetió este domingo de nuevo en contra del poder judicial. Durante una entrevista con la cadena Fox News, Bondi criticó a jueces federales que han refrenado o puesto en pausa partes de la agenda del presidente, Donald Trump,
y dijo que la Corte Suprema debiera involucrarse para deliberar sobre las demandas en contra de que la Administración invoque una ley de 1798 con la que busca facilitar las deportaciones en masa que prometió. “La Corte Suprema se va a involucrar”, dijo Bondi en la emisión del programa de Fox Sunday Morning Futures.
“Este juez está fuera de control, un juez federal que quiere controlar nuestra política exterior y no puede hacerlo”, opinó, refiriéndose a un magistrado que ha pedido al Gobierno rendir cuentas después de que las autoridades federales aparentemente ignoraron una serie de órdenes judiciales contra vuelos de deportación.
Bondi y otros funcionarios del Gobierno de Trump, incluido el mismo presidente, han lanzado críticas recientemente contra varios jueces que, en seguimiento con el debido proceso, han pedido poner en pausa algunas iniciativas como las deportaciones o despidos de servidores públicos en lo que revisan las demandas respectivas.
En particular, Trump ha pedido destituir al juez de distrito James Boasberg, que está revisando una moción en contra de que la Administración invoque la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta ley, usada en muy pocas ocasiones en la historia estadounidense,
puede aplicarse cuando se considera que hay una invasión armada; el Gobierno de Trump intenta argumentar que la llegada de personas migrantes equivale a una supuesta invasión. Con ello, ha empezado a realizar vuelos de deportación de migrantes en su mayoría venezolanos a una cárcel de El Salvador.
Las autoridades afirman, sin demostrar evidencia, que todos esos deportados son miembros de la pandilla Tren de Aragua. “Estos jueces están fuera de control”, comentó Bondi sobre el trabajo del poder judicial. A la par de las declaraciones de la fiscal general, Trump acusó este domingo en su red Truth Social a Boasberg de ser un “desastre constitucional”.
Pero Bondi no solamente criticó a Boasberg. Hizo mención de la jueza de distrito Tanya Chutkan, que está revisando una demanda presentada en contra de los planes del Gobierno de Trump de cancelar 20,000 millones de dólares en subvenciones para medidas contra la emergencia climática. La jueza de distrito Ana Reyes, que bloqueó temporalmente el intento de la Administración de prohibir a personas trans de servir en las fuerzas armadas, también fue señalada por Bondi.
Al igual que lo fue el juez de distrito Theodore Chuang, que hace poco falló en contra del desmantelamiento por parte del Gobierno de Trump de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) “muy probablemente violó la Constitución de Estados Unidos de varias maneras”. “Vamos a pelear en contra y vamos a ganar y la Corte Suprema va a estar lista para escuchar estos casos”, dijo Bondi.
“Estos son jueces de distrito que quieren controlar la agenda política del país”, afirmó. Los ataques del Gobierno de Trump contra el poder judicial se dan cuando tribunales a lo largo de Estados Unidos están revisando más de un centenar de demandas y acciones legales contra varias medidas impulsadas por la Casa Blanca.
Trump ha pedido que se le abra un juicio político al juez Boasberg, una solicitud muy inusual. El magistrado presidente de la Corte Suprema, John Roberts, hace unos días dijo que eso no procede porque “se ha establecido que el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial”.
Roberts hizo énfasis en que para eso existen los procesos de apelación. En la entrevista de este domingo en Fox News, Bondi defendió las deportaciones usando la Ley de Enemigos Extranjeros, opinando que es una medida “de seguridad pública básica” porque, según ella y de nuevo sin ofrecer evidencia alguna, las personas que fueron deportadas hacia la cárcel de El Salvador han “cometido los delitos más violentos que uno de puede imaginar”.
No hay claridad sobre si las más de 200 personas enviadas a la prisión salvadoreña pasaron por el proceso legal necesario de audiencias migratorias o en tribunales especializados para la deportación, en las que se hubiera establecido su posible culpabilidad o no. Integrantes del Gobierno de Trump de hecho han reconocido que muchos de los deportados por ser supuestamente pandilleros “no tienen antecedentes penales”, según dijo el zar de la frontera Tom Homan en una entrevista con ABC News.
“Pero solo porque alguien no ha sido arrestado ni imputado por algún delito no significa que no es integrante de una pandilla”, opinó Homan. Este domingo en Fox News Bondi también se refirió a los ataques recientes contra concesionarias de Tesla en rechazo al papel de Elon Musk en el Gobierno de Trump, con la iniciativa así llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (que no es propiamente un ministerio) y los despidos y recortes que ha impulsado.
Bondi dijo, sin dar pruebas, que en esos ataques se han estado usando cocteles Molotov para incendiar a los autos Tesla y estaciones de carga de esa marca “de manera que puede considerarse un arma de destrucción masiva”. Hasta ahora tres personas enfrentan cargos de daños a la propiedad por supuestamente ser los que atacaron concesionarias Tesla. Bondi dijo este domingo que esos actos son, según ella, “terrorismo doméstico”.
