El supuesto plan de Trump para revocar las naturalizaciones a inmigrantes: ¿quiénes corren riesgo? La invalidación de la naturalización existe desde 1906, se usó durante las guerras mundiales y más adelante contra presuntos terroristas y violadores de derechos humanos que habían ocultado sus antecedentes. ¿Cómo afectaría ahora a la comunidad inmigrante?
El plan de Trump para revocar las naturalizaciones a inmigrantes ha generado mucha preocupación. La administración de Trump, liderada por Stephen Miller, planea intensificar los esfuerzos para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses que supuestamente cometieron fraude en sus trámites de naturalización.
Este proceso, aunque históricamente raro, se ha utilizado en casos de fraude, terrorismo y violaciones de derechos humanos Los principales afectados serían aquellos que obtuvieron su ciudadanía mediante fraude o tergiversación durante el proceso de naturalización.
Esto incluye a personas que ocultaron información crítica o proporcionaron pruebas falsas Además, aquellos con antecedentes penales graves, como delitos de terrorismo, fraude o crímenes violentos, también podrían estar en riesgo.
La preocupación se extiende a las comunidades inmigrantes, ya que esta política podría desalentar a muchos residentes legales permanentes de solicitar la ciudadanía por temor a futuras represalias. La desnaturalización requiere un proceso judicial y el derecho a un juicio en una Corte federal,
pero los acusados no tienen garantizado un abogado designado por el Estado, lo que podría dejar a muchas personas sin los recursos para defenderse adecuadamente. A diferencia de su primer mandato, el presidente electo.
cuenta con los poderes legislativo y judicial para llevar a cabo su plan de deportar a los migrantes indocumentados e ilegalizar a quienes están protegidos por programas de permisos de residencia.
Los primeros 100 días de una nueva Administración suelen definir las prioridades del Gobierno que se estrena. Pero con Donald Trump esto se sabe desde antes: la política migratoria protagonizará sus primeras medidas.
A lo largo de toda la campaña el presidente electo ha prometido una aproximación radical a la migración que incluye deportaciones masivas, cancelación de programas de acogida, cierre de la frontera y cambios legales que conlleven la expulsión de millones de migrantes, con y sin papeles, a quienes culpa de todos los males del país.
“Esperamos que haga algo grande el primer día, pero no sabemos exactamente qué”, dice Douglas Rivlin, portavoz de la asociación pro migrantes America’s Voice, aunque podría estar hablando en nombre de millones y millones que miran con inquietud el 20 de enero en sus calendarios, el día que comienza la segunda presidencia de Trump.
En la campaña ya anunció, sin sonrojarse ante el estupor de tantos, que al llegar a la Casa Blanca sería “dictador por un día”. Y durante el gran evento a finales de la campaña en el Madison Square Garden de Nueva York, especificó que no esperaría para desplegar lo que ha sido el núcleo de su discurso y promesas en la contienda electoral.
“El primer día lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos para sacar a los criminales”, dijo. Con este historial de declaraciones, las órdenes que firme inmediatamente después de la inauguración de su mandato son fuente de incertidumbre, y temor, entre los expertos, las organizaciones que trabajan a favor de los migrantes y la población previsiblemente afectada.
El lunes pasado el presidente electo avanzó que declarará una “emergencia nacional” por el tema migratorio y usará a los militares para poner en acción sus planes, según publicó en su red social Truth. Sin embargo, no queda claro cómo funcionará eso.
pues la legislación de Estados Unidos no permite que los soldados detengan directamente a la población civil. Por lo cual, dicen los expertos, lo más probable es que la declaración de emergencia lo que permita sea hacer uso de recursos militares, como edificios, computadoras, vehículos, etc…
Asimismo, declarar una “emergencia nacional” dotaría al presidente de ciertas autoridades extraordinarias, que es improbable que el Congreso limite dada la mayoría republicana en ambas cámaras.
Junto con un poder judicial afín, con jueces nombrados por él, incluidos tres de los seis magistrados de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, anulan la posibilidad de una oposición similar a la que tuvo en su primer mandato cuando vetó temporalmente a personas de varios países de mayoría musulmana o buscó acabar con programas de protección para migrantes.
