Un juez federal bloquea el fin del TPS para cientos de miles de venezolanos ordenado por el Gobierno de Trump El juez Edward Chen escribió que los impactos económicos para Estados Unidos serían significativos, si los planes de la secretaria Kristi Noem siguieran adelante.
Un juez federal en el Distrito Norte de California ha bloqueado la orden del Gobierno de Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) de cientos de miles de inmigrantes venezolanos, que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional,
Kristi Noem, había ordenado que terminara el 7 de abril de 2025. “La Corte considera que la acción de la secretaria amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados,
costar a los Estados Unidos miles de millones en actividad económica y dañar la salud pública y la seguridad en las comunidades de todo Estados Unidos”, escribió el juez Edward Chen. La orden de Noem anuló la extensión del TPS de unos 600,000 beneficiarios del programa, quienes habían recibido un alivio del demócrata Joe Biden en enero de este año, días antes de dejar la Casa Blanca.
Y puso en riesgo de deportación a unos 350,000 venezolanos para los que el beneficio expiraba en abril, mientras que otros 250,000 tienen hasta septiembre. Biden puso en marcha el TPS para venezolanos en marzo de 2021 y lo extendió en septiembre de 2022 por 18 meses más. En octubre de 2023 lo amplió por 18 meses más hasta septiembre de 2025,
y por separado aprobó una ampliación para acoger a nuevos beneficiarios que expiraba en abril de 2025, creando así de hecho dos TPS en paralelo, según el memorando de Noem que buscaba revertir la extensión del programa.
El juez Chen añadió que el Gobierno no había logrado identificar ningún perjuicio real que compense la continuación del TPS para los beneficiarios venezolanos” y consideró que los demandantes probablemente tendrían éxito en demostrar que las acciones tomadas por Noem “no están autorizadas por la ley, son arbitrarias y caprichosas,
y están motivadas por un animus inconstitucional”. Si los planes de la secretaria Noem siguieran adelante, los impactos económicos para Estados Unidos serían significativos, según Chen: “Si los titulares de TPS de Venezuela pierden su autorización de trabajo bajo el programa de TPS, habría impactos económicos adicionales en Estados Unidos y las comunidades donde ellos viven actualmente.
El costo para las empresas de reemplazar a los empleados despedidos del TPS podría ascender a 1,300 millones de dólares”, agregó. Chen también aseveró que la afirmación del Gobierno “de que los titulares de TPS venezolanos representan algún tipo de peligro para el país o las comunidades donde viven es totalmente infundada”
y que “en la medida en que el Gobierno afirma que existe una amenaza de la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) no ha demostrado que los titulares sean miembros de la banda o tengan vínculos con ella”. “Aunque las acciones de la secretaria parecen basarse en estereotipos negativos que arrojan calumnias sobre su carácter (insinuando que fueron liberados de las cárceles venezolanas y centros de salud mental e impusieron enormes cargas financieras a las comunidades locales),
el registro indiscutible establece que los beneficiarios venezolanos de TPS, de hecho, tienen un mayor nivel educativo que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos (40-54%), tienen altas tasas de participación laboral (80-96%), ganan casi todos sus ingresos personales (96%), y contribuyen anualmente con miles de millones de dólares a la economía de Estados Unidos y pagan cientos de millones,
si no miles de millones, en impuestos de seguridad social. También tienen índices de criminalidad inferiores a los de la población estadounidense en general”, escribió Chen. Esta orden se produjo en una demanda presentada por la National TPS Alliance, entre otros.
La designación de TPS le permite a las personas estar legalmente en Estados Unidos, pero no les proporciona un camino a largo plazo a la ciudadanía.
La Administración Biden había apoyado firmemente el TPS, ampliándolo para cubrir a cerca de 1 millón de personas. El TPS creado en 2023 expira el 2 de abril; fue el que Biden extendió, antes de dejar la Casa Blanca, hasta el 2 de octubre de 2026.
El TPS original de 2021 expira el 10 de septiembre de 2025, pero Biden también lo extendió de facto hasta octubre de 2026, asimilándolo al otro TPS de 2023 ya ampliado.
